La parte resolutiva del fallo, leída en audiencia dispone: “Resuelve: Conceder en parte la tutela planteada, dejando sin efecto la Resolución Administrativa Nº 140/09; ordena el procesamiento de las planillas para proceder al pago correspondiente.”
Hasta la fecha no se hizo efectivo el pago de los salarios de los funcionarios desde el mes de mayo de 2009; la ciudadanía sensibilizada con los hechos acaecidos expresó su solidaridad.
El derecho al trabajo, a una remuneración justa, a la dignidad, a la vida, a la alimentación –entre otros- son flagrante y abusivamente violados por el Consejo de la Judicatura, órgano que en una actitud tozuda impide el pago de los salarios de los funcionarios del Tribunal Constitucional desde el mes de mayo de 2009, cortando de igual forma los aportes sociales y subsidios a la maternidad; obrando en consecuencia en contra de las disposiciones legales, pretendiendo que los trabajadores del órgano guardián de la Constitución trabajen gratuitamente.
El crespón negro que se divisa en la bandera nacional del edificio del Tribunal Constitucional, denota el duelo del país, que indeleble observa la muerte del guardián de la Constitución y protector de los derechos fundamentales, debido a la irresponsabilidad y mezquindad del poder político.
Resulta curioso que el Consejo de la Judicatura desconozca este hecho y disponga mediante resolución administrativa la reducción del presupuesto del Tribunal Constitucional únicamente a un 15% del total que recibía, paralizando con ello la actividad administrativa, formativa e informativa de un órgano que en sus diez años de funcionamiento brindó innumerables aportes al país, siendo reconocido nacional e internacionalmente como una institución confiable y sin retardación de justicia.
No se concibe, pues, un Estado sin justicia constitucional, en el que los derechos de las personas estén a merced de funcionarios arbitrarios o sometidos a “la justicia por sus propias manos”, como ocurría en las sociedades primitivas.
La renuncia de la magistrada Salame es la culminación de las acciones de ataque al Tribunal Constitucional, pues se debe al recorte del presupuesto del órgano de control; con lo que éste queda sin una cabeza responsable, por lo tanto debe suspender también sus labores administrativas, lo que significa el derrumbe del Estado de Derecho.
Ya no existen guardianes de la Constitución y cualquier ciudadano malencarado y maleantuco podrá vulnerar los derechos constitucionales de cualquier boliviano y no tendremos un tribunal al cual acudir…
El Tribunal Constitucional, con el respaldo institucional de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha puesto en circulación un compendio de los derechos fundamentales contenidos en la constitución vigente.
La única Magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame Farjat, presentó hoy su renuncia al Presidente del Congreso Nacional, Álvaro García Linera, a consecuencia de la intervención del Consejo de la Judicatura a este órgano de control de constitucionalidad.