Tribunal Constitucional

Acabo de prestar juramento como Presidenta del Tribunal Constitucional de Bolivia, siendo la quinta de los Magistrados elegidos en 1998 en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la Ley de su creación. Tan honrosa designación, por unanimidad, compromete mi profundo agradecimiento a los colegas y amigos que me brindaron su confianza,  colocándome a la cabeza de una de las instituciones democráticas de mayor relevancia en la historia reciente de la República, lo que implica una gran responsabilidad y un reto personal que asumo con compromiso y humildad.

Esta es la oportunidad propicia para recordar con gran afecto a los Presidentes que me antecedieron. El Dr. Pablo Dermizaky, destacado profesional que honró al Tribunal Constitucional con su presencia y que sentó las bases para la organización de la Institución, conduciéndola por el sendero de la disciplina, el orden y la mística por el trabajo, del cual nunca nos apartamos. El Dr. Hugo de la Rocha, con su señorío y diplomacia contribuyó al desarrollo de una convivencia armónica en el seno de la institución y un buen relacionamiento externo, lo que es muy importante para el fortalecimiento de las relaciones humanas y las instituciones.

El Dr. René Baldivieso, con su prudencia y espíritu conciliador en el buen sentido de la palabra, nos infundió la fortaleza necesaria para enfrentar con serenidad situaciones complejas y momentos de frustración y desesperanza que muchas veces surgen en el desarrollo de nuestro trabajo y finalmente el Dr. Willman  Durán, que con brillantez profesional y sagacidad, supo conducir al Tribunal Constitucional por el intrincado camino de la líneas jurisprudenciales, reglas, sub-reglas y modulaciones que fuimos construyendo en este largo caminar.

La configuración de la idea de un Estado Democrático de Derecho exige el establecimiento de un sistema de justicia constitucional cuya función específica  es garantizar la supremacía y plena eficacia de la Constitución y los derechos y garantías fundamentales de las personas, creando una sólida jurisprudencia que responda a un sistema de valores y principios de alcance universal que vincule a todos los poderes públicos. Para ello se creó el Tribunal Constitucional Boliviano en la Reforma Constitucional de 1994 el que viene cumpliendo estas funciones, desde 1999.

El reconocimiento y legitimidad del Tribunal como encargado del control constitucional, están supeditados a una actuación independiente respecto a los organismos estatales y de cualquier tipo de presión de personas o grupos, pues la propia naturaleza de los fallos así lo demanda, precisamente porque resuelve asuntos de contenido tanto político como jurídico. Consecuentemente, si la función esencial del Tribunal Constitucional es defender el principio de la supremacía del texto normativo más importante de la Nación – la Constitución Política del Estado – que establece competencias de los poderes constituidos, así como las reglas y principios que rigen la convivencia política de la sociedad, su misión es garantizar el equilibrio de los Poderes del Estado en aras de un fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad, ejerciendo con sus fallos un constante control jurídico y no político, y aunque los temas sean políticos, el Tribunal Constitucional no define situaciones políticas, define situaciones jurídicas.

La Constitución Política del Estado tiene una doble dimensión. Es jurídica y política y el control que ejerce el Tribunal es en la dimensión jurídica no política. El ex Presidente, Dr. Pablo Dermizaky, define muy bien esta disyuntiva, cuando en uno de sus últimos libros dice que: “La Justicia Constitucional es, como el Derecho Constitucional, esencialmente jurídica y formalmente política”. Y añade que: “En la preservación del Estado de Derecho, la justicia constitucional se desplaza a menudo sobre las arenas movedizas de la política, y tiene que afirmar sus pasos con razonamientos jurídicos, aunque sus decisiones tengan inevitables repercusiones políticas”.

Estas reflexiones, son por cierto fruto de la experiencia de quien condujo el Tribunal en sus primeros años, que la palpamos y, la vivimos permanentemente   en nuestro trabajo.

En este contexto y por encima de la coyuntura política que vivió el país los últimos meses del año pasado, el Tribunal Constitucional contribuyó decididamente al fortalecimiento del Estado de Derecho y la Democracia, encausando el proceso eleccionario en los márgenes constitucionales a través de 4 sentencias y 7 autos constitucionales. No ingreso a la fundamentación jurídica  de dichas resoluciones por no ser el propósito de estas reminiscencias que con seguridad aún están en la memoria de los bolivianos por la cercanía del tiempo y por las connotaciones que tuvieron. Pero sí destaco, no sólo la celeridad extraordinaria con la que fueron emitidas, dada la urgencia de solución que demandaba cada una de las problemáticas planteadas, sino también la pertinencia y eficacia de las mismas para desbloquear el proceso democrático que estaba en la expectativa de la ciudadanía.

La oportunidad que se impuso al tratamiento de estos recursos significó un esfuerzo, sin precedentes, en el trabajo del Tribunal en todos sus niveles jurisdiccionales, por la cantidad de recursos presentados casi simultáneamente y porque los que estaban en trámite, no podían ni debían sufrir retraso alguno, por estas circunstancias, respecto a los plazos procesales establecidos.

A pesar del evidente apoyo  del Tribunal Constitucional a la Democracia y al Estado de Derecho, con los fallos señalados, no faltaron voces disconformes, especialmente de algunos políticos que le acusaron de estar desestabilizando la democracia cuando lo que estaba haciendo era precisamente fortalecerla, como lo han demostrado los acontecimientos posteriores.

Una vez superados los obstáculos para la elección de nuestras autoridades nacionales, el país cuenta con un gobierno de fuerte apoyo popular que tiene entre sus funciones principales la Asamblea Constituyente, que ha concitado el interés del pueblo boliviano que apuesta por el cambio, como un instrumento de concertación y equilibrio que garantice un nuevo pacto social.

Recordemos que los males de la  humanidad han estado plagados de exclusiones, intolerancias y fundamentalismos religiosos, políticos, de clase o raza, que han cobrado millones de vidas y de sufrimiento a muchas generaciones. Que esas experiencias nos permitan cerrar las heridas dolorosas del pasado y construir una historia nueva, incluyente y no excluyente, con consensos auténticos, estables y duraderos, con voluntad de diálogo y no de enfrentamiento, para consolidar la unidad de la nación boliviana, en el reconocimiento de la diversidad de sus regiones, pueblos, etnias y culturas de esta única patria que tenemos todas y todos.

La Asamblea Constituyente es el escenario adecuado para que se exprese la posición de los actores sobre el diseño del Estado y se elabore  una Constitución que preserve los valores supremos que son inherentes a los seres humanos, genuinos derechos, como la vida, la libertad, la dignidad humana, la solidaridad, la justicia, la igualad, respetando las diferencias y el pluralismo político.

No olvidemos que mientras ello ocurra, la actual Constitución Política del Estado continúa vigente, pues únicamente cuando la Asamblea Constituyente apruebe la reforma total de la Constitución y ésta sea sancionada y promulgada, puede sustituir a la vigente, mientras tanto, todo el país, incluso los constituyentes, están vinculados a la Constitución vigente, siendo sus preceptos  de obediencia obligatoria, afirmación que ha sido ya vertida por el Tribunal, en otros escenarios, a través de sus autoridades.

Quiero expresar a nombre mío, de los demás Magistrados y de todo el personal, el inmenso pesar que sentimos por el alejamiento del Tribunal de los Magistrados Dres. Willman Durán y José Antonio Rivera, quienes constituyeron los pilares fundamentales y los referentes de la institución; ellos dejan un gran vacío muy difícil de llenar.

Durante casi ocho años de trabajo contribuyeron a la labor desarrollada por la Institución con sus conocimientos, experiencia y su tiempo, sin retaceos, muchas veces en sus días de descanso en la soledad de una casa vacía.

Estamos seguros de su éxito en cualquier tarea que emprendan porque se trata de dos juristas y académicos de renombre nacional e internacional. Los perdió el Tribunal, pero los ganó la academia.

También recordamos con afecto al Magistrado Rolando Roca, que renunció en el mes de abril del pasado año, hombre consecuente con sus ideas y un ardiente defensor de la Democracia.

No podemos negar que el alejamiento de nuestros colegas va a producir un sacudón en la estructura del Tribunal, pero como toda institución del Estado, debe pervivir en el tiempo y continuar adelante, en cualquier situación adversa, independientemente de las personas que la componen.

El Tribunal Constitucional es una institución fuerte, bien cimentada, con objetivos y metas precisas y líneas jurisprudenciales firmes y un conjunto de Magistrados comprometidos, honestos, laboriosos e independientes en sus fallos,  que se ha ganado el respeto de nuestra sociedad y de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de países extranjeros, aspecto que no tiene por qué cambiar. Estamos seguros que el mejor tributo que podemos rendir a nuestros colegas que se van, es mantener esta obra que la construimos juntos. Es por tanto, nuestro deber, seguir impulsando, desde nuestra labor jurisdiccional, el equilibro en la relación de los poderes del Estado, de los gobernantes con los gobernados, de las mayorías con las minorías, de los particulares con el Estado, así como entre particulares, y seguir brindando justicia efectiva a los ciudadanos y ciudadanas de las más diversas clases, condición social, económica y origen étnico -como hasta ahora- restituyéndoles sus derechos fundamentales.

No podríamos realizar esta tarea, sin nuestro equipo de apoyo formado por letrados, abogados asistentes, auxiliares en general y administrativos, que ingresaron por concurso de méritos y exámenes de competencia, encomendado a una Empresa especializada, constantemente capacitados y cuyo grado de eficiencia se refleja en las permanentes evaluaciones que alcanzan un promedio del 97%,   y que  además  trabajan  a presión, pues la carga procesal cada año va en incremento geométrico; en 1999 se resolvieron 475 causas y en el 2005, 2074 recursos, con el mismo número de Magistrados, 5 Titulares que componen una sala y ahora 3 suplentes y un personal de 70 personas que se incrementó con sólo 10, en casi 8 años, obligados a despachar los asuntos en los plazos previstos y bajo un estricto control social que se ejerce a través de la información difundida en nuestra página Web donde se incorporan todas las resoluciones, tan pronto son dictadas.

Ello se debe en gran parte a que el Tribunal Constitucional de Bolivia, por disposición constitucional y de la Ley de su creación, debe conocer una gran variedad de recursos y resolverlos todos, lo que no ocurre en otros Tribunales, Cortes, o Salas Constitucionales. De manera que si la situación no cambia, el Tribunal  puede colapsar y eso debemos evitar, porque esta  institución es patrimonio de todos los bolivianos.

Para concluir, agradezco a Dios por haberme permitido llegar a tan importante cargo al que aspira cualquier profesional del derecho, a mi familia, a mi esposo  que siempre impulsó mis proyectos, a mis hijos e hijas que alentaron mis sueños, a mis padres que me guiaron por el sendero de la justicia y la disciplina, y al movimiento organizado de mujeres, con quienes construimos nuestras utopías de equidad de género e igualdad de oportunidades, al Foro Político de Mujeres, Plataforma de la Mujer, Coordinadora de la Mujer, Asociación de Concejalas y  Asociación Nacional de Juezas, y a todas las mujeres que me acompañaron, me impulsaron y me apoyaron en este ascenso en mi vida profesional.

Agradezco también a las autoridades, colegas y amigos por su presencia.

Muchas gracias

Sucre, 6 de marzo de 2006