Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional declaró improcedente el recurso de amparo solicitado por Mauricio Ochoa Urioste, en representación de ciudadanos bolivianos residentes en el exterior, contra el presidente del Congreso Nacional Sandro Giordano García, alegando la supuesta vulneración de sus derechos a la igualdad, al voto y al ejercicio de la ciudadanía.
Al revocar la resolución emitida el pasado 8 de septiembre por los vocales de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de La Paz, constituida en tribunal de amparo, quienes declararon procedente el recurso y concedieron el amparo, las autoridades del Tribunal Constitucional resolvieron que el Poder Legislativo, como órgano estatal, no puede ser sometido a un amparo constitucional para impugnar sus decisiones, porque se trata de demandas contra resoluciones del órgano como tal, no de sus miembros, por lo tanto los recurrentes debieron plantear un recurso contra resoluciones legislativas.
El fallo argumenta que la norma contenida en el artículo 86 de la Ley del Tribunal Constitucional (DE LOS RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES CONGRESALES Y CAMARALES) se constituye en la vía exclusiva de tutela de los derechos fundamentales de las personas frente a las resoluciones del Poder Legislativo y que esa conclusión se respalda en el hecho de que, conforme lo prevé el artículo 19.I de la Constitución Política del Estado (CPE), el amparo constitucional procede contra los actos o las omisiones indebidas de funcionarios o particulares, no de órganos de Poder de Estado.
En uno de sus argumentos jurídicos, la Sentencia Constitucional 1392/2005-R, de 7 de noviembre, señala que el artículo 86 de la LTC puede ser entendido en dos sentidos: Uno positivo, cuando el Poder Legislativo emite resoluciones y otro negativo, cuando el mismo Legislativo asume comportamientos que provocan omisiones ilegales o indebidas. “De lo que se sintetiza que el o la ciudadana podrá plantear el recurso contra resoluciones congresales o camarales cuando estime que el Poder Legislativo, ha asumido una decisión (sentido positivo), o ha incurrido en una omisión (sentido negativo), que atenta contra sus derechos y garantías fundamentales”, señala el fallo.
Asimismo, el Tribunal Constitucional aclara que el amparo constitucional fue instituido como un recurso que otorga inmediata protección contra los actos ilegales y las omisiones indebidas de autoridades o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías fundamentales de la persona reconocidos por la Constitución y las leyes, siempre que no exista otro recurso o vía legal para demandar el respeto a tales derechos.
El recurrente relata que en el cometido de viabilizar la participación de los ciudadanos bolivianos residentes en el exterior en la vida política del país, se enviaron solicitudes reiteradas al Congreso Nacional pidiendo afrontar la obligación de velar por el pleno ejercicio de sus derechos, entre ellos el voto universal, para ejercer el mismo en las futuras elecciones nacionales de Bolivia con el fin de integrarse a su vida política.
Añade que dichas solicitudes no fueron oídas ni consideradas por los miembros del Congreso Nacional, constituyéndose ese hecho en una vulneración de los derechos a la igualdad, al voto y al ejercicio de la ciudadanía de los bolivianos en el exterior.
La Sentencia Constitucional 1392/2005-R, de 7 de noviembre, se encuentra a disposición de los interesados en la Página Web del Tribunal Constitucional (www.tc.gov.bo). El plazo para emitir el fallo concluía el 23 de noviembre.