Tribunal Constitucional

Eddie Cóndor Chuquiruna
Coordinador del Área de Participación Ciudadana y Buenas Practicas
Comisión Andina de Juristas(*)  

La racionalidad política, basada en el cálculo y la búsqueda de posicionamientos de poder, no puede prevalecer al Estado de Derecho. Éste es el marco que debe condicionar las decisiones políticas, delimitar sus cauces y determinar su oportunidad. Más importante, por ejemplo, que recomponer las instituciones democráticas luego del referéndum revocatorio, es recomponerlas en  medio del proceso, en el que es visible la existencia de una ley cuestionable. Aplazar, la recomposición de instituciones tutelares de la constitucionalidad, esto es, de aquellas que pueden examinar la ley cuestionada, es una trampa política.

Postergar la designación de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia, la Corte Nacional Electoral, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General hasta después del referendo revocatorio del 10 de agosto es dejar sin piso a la fiscalización, es aumentar los márgenes de maniobra para la manipulación del proceso, es impedir la evaluación formal de la ley del referendo. La carroza antes que los caballos. En el marco del Estado de Derecho, la mayoría política sólo tenía una vía de decisión política correcta: adecuar los procesos de consulta ciudadana a las necesidades de control político.

Un nuevo plazo para la recomposición institucional no sólo evidencia falta de voluntad política del oficialismo para reconstruir la institucionalidad y el sistema de contrapesos, también podría generar suspicacias naturales en la crítica independiente sobre un supuesto y calculado interés en patear el tema hacia delante para maniobrar con mayores márgenes en el proceso ciudadano. Es también, y en concreto, una forma de neutralizar cualquier mecanismo que incida en la invalidación de la ley del referendo. Esta establece que para revocar los mandatos hace falta que el “no” supere tanto el porcentaje como el número total de votos obtenidos en los comicios de 2005, año que fueron elegidas las actuales autoridades. La norma favorece a Evo Morales y perjudica a las autoridades regionales.

La inconstitucionalidad es notoria. La revocación del mandato presidencial no tiene base constitucional. En Bolivia no existe el recall.  Dado que no existe una figura planteada como tal en el texto fundamental (en la Constitución vigente), lo que se produciría es un vacío de poder si es que Morales no alcanzará el resultado esperado. En este caso, tampoco hay previsión de mecanismos institucionales para reconfigurar el poder político. La jugada peligrosa del oficialismo podría llevar a este país a un caos de impredecibles consecuencias. La otra  opción es la victoria sin garantías, dubitable en su esencia. 

La ley de referendo no especifica siquiera las razones de fondo para que la consulta sea propicia, es arbitraria e improvisada, nace con nombre propio y alineada a una estrategia política; en cuyo caso es una medida plebiscitaria. El plebiscito sobre los mandatos populares no han sido históricamente referentes democráticos, plebiscitarios han sido los regímenes más autoritarios que la Historia registra.  Igual lógica se aplica al caso de los prefectos. Una norma que los revoca, dada una consulta, y que se formula posterior a su elección, es un atentado contra la seguridad política y el Derecho.

Una ley cuestionada sin control constitucional de por medio en el contexto de una consulta que responde más a un cálculo político que a un intento de consolidar la voluntad popular, es peligroso; puede debilitar la democracia y acentuar el poder presidencial.

Lo racional desde una perspectiva de política democrática es, antes que todo, recomponer el Tribunal Constitucional y que éste se manifieste sobre la ley de marras. En cualquier caso y si la voluntad del Gobierno atropella la razón, lo propio de las instituciones y los actores democráticos es llamar a la comunidad internacional a una vigilancia del proceso. Hay muchas instituciones internacionales que podrían colaborar. No es tiempo de descuidarse frente a las jugadas del ajedrez político.

(*) Las opiniones contenidas en este artículo son de responsabilidad exclusiva de quien las emite y no reflejan posiciones institucionales de la Comisión Andina de Juristas