Tribunal Constitucional

CONFERENCIA DE PRENSA

Sucre 17 de agosto, 2007

Ante la ilegal decisión de llevar adelante la acusación dentro del juicio de responsabilidades instaurado a raíz de la denuncia presentada por el Presidente de la República contra cuatro Magistrados, el Tribunal Constitucional de Bolivia se ve en la obligación de denunciar ante el país este nuevo atropello por parte de la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial de la Cámara de Diputados, por cuanto además de vulnerar todo el procedimiento establecido en la  Ley 2623 de Juzgamiento de Altas Autoridades del Poder Judicial y Fiscal General de la República, y desconocer los derechos y garantías fundamentales de los Magistrados sometidos a este juicio político, constituye una injustificada agresión a la institucionalidad y, peor aún, un claro atentado contra el Estado Democrático y Social de Derecho, por cuanto esa decisión no tiene otra intencionalidad que lograr la suspensión del ejercicio de funciones de los Magistrados, con el innegable propósito de evitar que en Bolivia se realice el control de  constitucionalidad,  de modo que el  gobierno pueda  efectuar cuanta acción y medida crea útil a sus propósitos, sin que el órgano encargado de velar por la primacía de la Constitución y guardián de la vigencia y respeto de los derechos humanos pueda poner límite a sus actuaciones arbitrarias e inconstitucionales.

En este momento crucial que vive el país frente a un cambio trascendental que regirá los destinos de bolivianos y bolivianas, conforme reconoce la ciudadanía, es imprescindible la existencia del órgano  guardián  de la Constitución para garantizar la convivencia pacífica y el fortalecimiento del Estado de Derecho, por lo cual el Tribunal Constitucional expresa vehementemente su rechazo a esta nueva agresión, que asesta un certero y nefasto golpe a la institucionalidad democrática en Bolivia, por cuanto tal determinación se ha asumido contraviniendo sus propios reglamentos, las leyes procesales y los elementales principios de Derecho, no obstante que el Tribunal de Amparo ordenó la remisión a la Comisión de Derechos Humanos de la apelación que los Magistrados tienen interpuesta denunciando la incompetencia del Órgano Legislativo, cuyo cumplimiento es previo a cualquier decisión que se pudiere asumir.

Semejante atropello a la ley pone en serio riesgo el sistema democrático de Bolivia, puesto que no son respetadas sus instituciones fundamentales, el ordenamiento jurídico ni la Ley Suprema, mostrando que la seguridad jurídica en el país está subordinada a la consolidación de intereses políticos sectarios.

 En todo caso, el Tribunal Constitucional, como único órgano idóneo guardián de la constitucionalidad,  mantendrá su línea de respeto a la Constitución y a las leyes de la Nación, sin temor alguno al amedrentamiento de que son objeto los miembros de esta Institución, y  no desmayarán en su propósito de lograr que se imponga la verdad y la justicia, utilizando todos los mecanismos establecidos por ley.
Gracias.