Carta abierta al Presidente de la República
|
-- Vie -- 27 Abr 2007 |
Sucre, 26 de abril de 2007
TC-PRES-N° 214
Señor
Dn. Evo Morales Ayma
EXCMO. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA
Palacio de Gobierno
La Paz.-
Excmo. señor Presidente:
Los Magistrados del Tribunal Constitucional de la República nos dirigimos a su autoridad para expresarle nuestra profunda preocupación e indignación por el injustificado y lamentable ataque del que ha sido víctima la institución que defiende y garantiza los derechos constitucionales de todos los bolivianos. Un numeroso grupo de mineros asalariados de la COMIBOL (alrededor de 3.000, según los medios de comunicación) perpetró el deplorable atentado con cachorros de dinamita que destrozaron parte de la fachada y la puerta de ingreso al Tribunal Constitucional, no obstante de que 15 dirigentes fueron recibidos por la Secretaria General y otros funcionarios, a fin de explicarles, con la mayor objetividad, que el recurso de inconstitucionalidad del Decreto Supremo 28091, interpuesto por el diputado Peter Maldonado, referido a la reversión de las concesiones mineras en el cerro Posokoni de Huanuni al estado boliviano, se halla en pleno proceso, el mismo que, de acuerdo con el procedimiento, ha sido notificado al Poder Ejecutivo para que en el plazo de 15 días remita su alegato.
Sensiblemente, los dirigentes que admitieron la explicación, fueron rebasados por sus bases, del mismo modo que los efectivos de la Policía Departamental, uno de cuyos efectivos sufrió heridas de consideración por efecto de los cachorros de dinamita lanzados contra el edificio. Como emergencia del acto vandálico, las actividades del Tribunal Constitucional tuvieron que ser suspendidas, así como los plazos procesales, para precautelar la seguridad de los funcionarios, con el consiguiente perjuicio para la población.
Hechos como el que ponemos en su conocimiento, causan un profundo malestar, sobresalto permanente, e inseguridad en el Tribunal Constitucional y en el sistema judicial boliviano. Como comprenderá, Excmo. señor Presidente, las agresiones y
cobardes intimidaciones contra los Magistrados tienen como objetivo presionar con la finalidad de evitar la defensa del estado de derecho y, en ese marco de respeto mutuo, la vigencia plena de las garantías de todos los ciudadanos consagrados en la Constitución Política del Estado.
Los Magistrados sólo estamos sometidos a la Constitución y a las leyes de la República y nunca hemos actuado ni actuaremos bajo presión alguna. Pero, así como el Tribunal Constitucional defiende las garantías constitucionales de todos los bolivianos, del mismo modo demandamos del Gobierno nacional otorgue garantías plenas para su funcionamiento normal, libre de amenazas y ataques de organizaciones que, en algunos casos, a nombre de los “movimientos sociales” (como el ataque perpetrado el 26 de enero pasado por los autodenominados “Ponchos Rojos”) buscan amedrentar, creando zozobra e inestabilidad en las instituciones tutelares del Estado Democrático y de Derecho.
Excmo. señor Presidente: queda en manos del Poder Ejecutivo, responsable de velar por la paz social y el respeto a las instituciones, la protección del Tribunal Constitucional de Bolivia y de sus Magistrados, en el marco de la independencia y respeto entre los Poderes del Estado, en cuyo equilibrio y coordinación se basa el propio gobierno de la Nación.
Seguros de que la presente demanda será atendida, a los efectos deseables de que el Tribunal Constitucional siga siendo, como hasta hoy, guardián de la Constitución, rogamos a S.E. aceptar las seguridades de nuestra mayor consideración.
Atentamente,
Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas
PRESIDENTA
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Feed RSS
27, Abril 2007 a las 12:40 pm
Traigo a colación la frase de la propia Presidenta del Tribunal Constitucional de Bolivia: ” Queda en manos del P. Ejecutivo la protección de los Magistrados del TCB”; ¿ Porqué no decir más bien: queda en manos de los propios Magistrados decidir si Bolivia a someterse a un Estado de Derecho o a la fuerza bruta? ¿ Porqué no hacer un mea culpa ante tanto descrédito institucional?. La agresión y la violencia física no se justifican asi como tampoco tanta agresión de los órganos jurisdiccionales tampoco es justificable.
Decidan sus propios destinos.
27, Abril 2007 a las 3:46 pm
La Paz, 27 de Abril de 2007.
Los abogados en el ejercicio libre de la profesiòn respaldamos al Tribunal Constitucional y a los demás poderes públicos, para que desempeñen sus funciones en el marco de la ley, como único medio de lograr la vigencia plena del Estado de Derecho.
Estas acciones, las producidas en contra del Tribunal Constitucional erosionan el Estado de Derecho y solo contribuyen para que la dictaduira de unos pocos se imponga sobre todos los bolivianos.
Las declaraciones de autoridades de gobierno en sentido de que al haberse interpuesto el recurso directo de insconstitucionalidad constituiría la causa de tales desmanes solo demuestra la actitud dictatorial y demagógica de quienes efectúan semejantes afirmaciones.
Uno de los pilares del Estado de Derecho está constituido por el derecho que tiene toda persona de acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar la tutela jurídica del Estado, y por tanto, negar el derecho a una persona o un grupo a interponer las demandas y recursos previstos por nuestro ordenamiento jurídico, es negar el Estado de Derecho.
Esperemos que las actitudes dictatoriales y delincuenciales de unos cuantos no conduzca a Bolivia a situaciones ya superadas con mucho esfuerzo y dolor.
A través de este medio, como abogado aprovecho para dar mi pleno respaldo al Tribunal Constitucional, el cual se ha constituido en un guardian de los derechos y garantías constitucionales.
Luis Antonio Peñaranda Valverde
luisantoniopenaranda@yahoo.com
06, Mayo 2007 a las 11:18 am
Definitivamente, la carta abierta al Excmo. Sr. Pdte. de la Républica por parte de los Magistrados del T.C. es el mecanismo idóneo (aunque tibio) para representar ante ésta autoridad la preocupación e indignación de ellos ante los ataques de los que está siendo víctima por parte de grupos de hecho (ponchos rojos y mineros) quienes arrogandosé la representatividad del \