Tribunal Constitucional

Mediante Sentencia Constitucional (SC) 0906/2006-R, el Tribunal Constitucional fundó una nueva línea jurisprudencial que establece que, en el caso de las trabajadoras embarazadas, aún en caso de supresión del cargo, el Estado tiene el deber de proteger ante todo, la vida y la salud de la madre gestante y del nasciturus, por lo cual la entidad empleadora tiene la responsabilidad de mantener a la funcionaria en otro lugar de trabajo, mínimamente, en tanto dure el tiempo que la ley le otorga una especial tutela.
En base a ese entendimiento jurídico, el órgano guardián de la Constitución en el país concedió el amparo constitucional solicitado por el defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, a favor de una mujer trabajadora embarazada a quien despidieron de su trabajo, aduciendo la supresión del cargo que ella ocupaba.  

Por otra parte, ante la insistencia de su parte, la reincorporaron pero ordenaron su traslado o desplazamiento a otra ciudad, situación que también vulnera su derecho a la inamovilidad funcionaria establecida por la Ley Nº 975, que no sólo se refiere a la conservación de la fuente de trabajo, sino a esa conservación con el mismo nivel salarial, categoría y lugar de funciones, salvo que exista una promoción o ascenso en ese periodo.

Sucre, 18 de octubre de 2006
Unidad de Pedagogía Constitucional
Tribunal Constitucional de Bolivia