Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional, en la implementación de su Programa de Pedagogía Constitucional ha venido realizando a lo largo de su existencia -cada año y  en diferentes ciudades- , seminarios internacionales sobre Justicia Constitucional y Estado de Derecho, en cada ocasión sobre temáticas importantes de la realidad boliviana, desde la visión jurídica constitucional, con la participación de eminentes jurisconsultos y académicos nacionales y extranjeros, magistrados de Cortes, Tribunales y Salas Constitucionales, catedráticos de renombradas universidades, investigadores, de América y Europa y la asistencia de profesionales y estudiantes procedentes de todos los departamentos del país, que en los primeros años  acudieron a Sucre, Santa Cruz, Cochabamba y en esta oportunidad tenemos el agrado de acogerlos en esta bella y hospitalaria ciudad de La Paz, sede del gobierno de Bolivia, en la casa del Foro paceño, gracias al auspicio del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz; Esta vez el Tribunal Constitucional ha querido centrar su interés en una temática de gran actualidad y trascendencia para Bolivia, la Asamblea Constituyente a la cual nos encaminamos, y los Procesos Autonómicos que también harán parte, en breve, de los grandes cambios estructurales que se operarán en nuestro país. Al mismo tiempo, ha fijado también su mirada a algunas de las problemáticas que sin ser las únicas, deberían incorporarse transversalmente a la nueva Constitución Política del Estado, como medio ambiente, y  la igualdad de género. Siendo éstos temas, de interés no sólo para los estudiosos del derecho sino para la ciudadanía en general, hemos convocado, a los diversos sectores sociales, ya que el proceso mencionado exige su participación activa, en la discusión y debate de los trascendentales cambios en el sistema constitucional boliviano.
Creemos que en vísperas de la Asamblea Constituyente, el país no debe aislarse en sus propias reflexiones, sino abrirse a pensamientos y sobre todo a experiencias orientadoras de otras latitudes, no con la intención de adoptar recetas foráneas a ciegas, sino conocerlas y analizarlas en sus fortalezas, debilidades, éxitos y quizás fracasos, lo que nos permitirá contrastarlas con nuestra propia historia, nuestras experiencias pasadas, los cambios buenos y malos que ya vivimos como país, las dinámicas de las inclusiones y exclusiones, de cara a una nueva Constituyente que plantee alternativas para mejorar nuestro futuro.
Es con ese propósito que hemos invitado a connotados constitucionalistas, académicos y especialistas en los diferentes temas,  los doctores José Pajares, Susanna Mancini, Jaime Cárdenas, Diego López, Henrik López, Domingo García, Antonio Andaluz, que vienen de España, Italia, México, Colombia y Perú, así como a prestigiosos profesionales de nuestro país, los doctores Willman Durán y José Antonio Rivera, ex Presidente del Tribunal Constitucional el primero y el segundo ex Magistrado del mismo, el Dr. Bernardo Wayar y la Dra. Julieta Montaño, quienes al expresar su opinión personal sobre los temas del evento no comprometen al Tribunal Constitucional, cuyo criterio institucional en todo caso se manifestará en la circunstancia y momento adecuados.
A todos ellos nuestro profundo agradecimiento por haber aceptado la invitación cursada, por su generosidad al restar preciosos días a sus recargadas actividades rutinarias y en forma especial quienes superando las incomodidades propias de viajes largos- están aquí para brindarnos lo mejor de sus conocimientos y vivencias, y ayudarnos a analizar problemáticas tan importantes como complejas que hoy nos toca resolver a los bolivianos como nación.  A la Directiva del Colegio de Abogados de La Paz, en la persona de su Presidente, Dr. Javier Guachalla, nuestra sincera gratitud por haber comprometido a esta ilustre institución como coauspiciadora  de este seminario.
Ha sido aspiración de todos los pueblos  consolidar un Estado de Derecho y dotarse de una Constitución; la historia registra una constante lucha de la humanidad por tener y mejorar este instrumento jurídico fundamental del Estado, concebido como un conjunto de valores éticos y políticos que están por encima de toda otra norma.
Los países de América Latina han estado inmersos en esa lucha a lo largo de su existencia, realizando constantes reformas constitucionales en Asambleas regulares de sus Parlamentos, en Convenciones o Asambleas Constituyentes, unos más que otros. En los años 80 del Siglo XX ante la caída de las dictaduras que ensombrecieron la región, dando fin con la democracia, surgen reformas importantes para la reconstrucción del nuevo Estado democrático y constitucional, que debemos considerarlas.
Nuestro país  no estuvo al margen de esa dinámica de cambio, hizo  20 reformas en sendos Congresos Constituyentes, Convenciones Nacionales y mal llamadas Asambleas Constituyentes. La Asamblea de Diputados de 1825 y la Asamblea Constituyente de 1826, con poder constituyente, originario y fundador, dieron nacimiento al nuevo Estado, dotado de una Constitución que estableció un sistema similar al de la Constitución de Cádiz de 1812, como ocurrió con los demás  países de América Latina.
No podemos ignorar que las constituciones de nuestro país estuvieron plagadas de exclusiones y discriminaciones de muchos sectores sociales De  hecho la Constitución Bolivariana excluía a grandes sectores de la población de sus derechos ciudadanos, como el voto, que para ejercerlo los requisitos eran: ser boliviano, hombre, mayor de 21 años, casado, saber leer y escribir, tener empleo o industria, y no estar sujeto a otra clase en calidad de sirviente doméstico. A partir de 1836, se añadió tener un capital determinado para su subsistencia y,  desde 1871, poseer una propiedad inmueble.
En el siglo XIX votaba del 10 al 15% de la población adulta de hombres letrados. Esto fue cambiando  en   alguna medida, pero lentamente,  en las reformas posteriores, aunque se mantuvieron las exclusiones y discriminaciones.
Esta deuda histórica a través del tiempo hizo que la Constitución vaya perdiendo legitimidad  ante los factores reales de poder  que  intensificaron las impugnaciones e interpelaciones al sistema democrático, porque las últimas reformas no significaron cambios profundos. Así desde las diferentes regiones del país y diversidad de pueblos indígenas y comunidades campesinas reclamaban participación e inclusión en un nuevo modelo de Estado, surgiendo simultáneamente otras voces contra el centralismo de Estado, enarbolando las banderas de las autonomías y exigiendo ambas la Asamblea Constituyente.
El pedido de Asamblea Constituyente se remonta a 15 años atrás; es la historia de Juana Céspedes la indígena sirionó que organizó en  1990 una  marcha por la dignidad y el territorio en cuyo trayecto tuvo una hija, siendo su propósito no sólo llegar hasta la sede de Gobierno para  concientizar al país sobre la existencia de estas etnias orientales, sino también reclamar por una Asamblea Constituyente.
Años más tarde el proceso constituyente boliviano se activó en la guerra del agua, en abril del 2000 en Cochabamba cobrando significativa importancia a partir de la marcha indígena, campesina y originaria del año 2002.
La cuarta marcha de tierras bajas se inició el 13 de mayo de 2002 con 500 representantes, desde Santa Cruz, la que se denominó: “Marcha por la soberanía popular, el territorio y los recursos naturales”. Tuvo una larga travesía de 800 Kms, durante  un mes, por llanos, valles y montañas, engrosándose con diversos grupos de campesinos, aunque los cocaleros del trópico de Cochabamba, no tuvieron una participación importante.
Por otro lado, el 22 de mayo se inicio la marcha del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo que partieron desde Sucre y Potosí hasta que el 13 de junio en la plaza de Sica Sica se produjo el encuentro de pueblos y nacionalidades entre los marchistas del bloque del oriente con los de las nacionalidades originarias de tierras altas y con campesinos sin tierra,  logrando  un Pacto de Unidad en torno a la demanda de  Convocatoria a una Asamblea Constituyente incorporada en la Ley de Necesidad de Reformas a la Constitución.
De este encuentro histórico de dos culturas, debía surgir un acuerdo, pero no fue fácil el diálogo entre ambas, pues no obstante que los sectores sociales tienen problemáticas y realidades más o menos comunes, sus visiones y planteamientos no son siempre complementarios, aunque la meta de todos era la Asamblea Constituyente, aun de aquellos sectores que rompieron la unidad campesina asumiendo diferentes posiciones en la lucha.
Las marchas culminaron con su ingreso a la Plaza San Francisco de la ciudad de La Paz, el 19 de junio, de 2002. Pidieron a la Defensora del Pueblo y al Presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos su mediación con los partidos políticos para promover un acuerdo social y político que viabilizara la principal demanda de la marcha: la Asamblea Constituyente.
La plataforma de demandas de la Asamblea Constituyente contenía reivindicaciones  materia agraria frente a la crisis del país, atribuida entre otros factores al manejo discrecional del Estado por una elite excluyente, lo que exigía encarar transformaciones estructurales con la participación de todos los sectores sociales en un proceso de profunda reforma constitucional, para la cual se demandó la Convocatoria a una Constituyente soberana conformada por representantes elegidos como expresión del Poder Constituyente, con  fuerza y  autoridad para tomar decisiones sobre la existencia y condiciones de una unidad política que se exprese en la nueva Constitución.
El 21 de junio, en instalaciones del Parlamento Nacional se reunieron los delegados de los partidos políticos con representación parlamentaria, las autoridades originarias, los dirigentes de las marchas de oriente y occidente, Ministros de Estado, siendo el facilitador el Presidente de la Asamblea de Derechos Humanos. A partir de entonces se fueron concretando los pasos del proceso de la Asamblea Constituyente, posteriormente se incorporaron nuevos actores,  hasta que se dictó la Ley Especial N º 3364  de 6 de marzo del 2006, de Convocatoria a la Asamblea Constituyente.
Las marchas lograron promover un gran debate nacional acerca de la Asamblea Constituyente, acercaron a los indígenas de tierras altas y  bajas, lograron adhesiones nacionales e internacionales, aunque la solidaridad urbana fue pasiva.
Estos hechos talvez ya olvidados,  marcaron los primeros hitos de la Constituyente y, como lo expresa el investigador de la  problemática indígena Dr. Carlos Romero Bonifaz  que acompañó en la marcha, los marchistas, son los legítimos pioneros, que con mucho sacrificio abrieron la senda hacia la Asamblea Constituyente, hecho que quedará inscrito en la historia de Bolivia. Este episodio lo comento para mostrar a nuestros invitados la singular manera de lucha de grandes sectores sociales del país por sus reivindicaciones.
Hoy nos encontramos en pleno proceso hacia la Constituyente,  vislumbrando, con inusitada esperanza un nuevo pacto político y social  en la vida del país, sin exclusiones de ningún tipo, en el que debemos intervenir todos. En esa perspectiva, es ineludible mencionar al Tribunal Constitucional, órgano creado en la reforma constitucional de 1994 como máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución, encargado de la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas. Ese trascendental hecho fue un paso determinante en el proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico del Estado Boliviano, en el marco del constitucionalismo contemporáneo que han venido adoptando muchos estados a partir de la post segunda guerra mundial, el mismo que sin embargo aún no ha concluido, pues para muchos países, entre ellos de Latinoamérica, es todavía una aspiración no cumplida el contar con Tribunales o Cortes Constitucionales independientes y autónomas.
El Tribunal Constitucional no sólo constituye una muestra en el orden democrático, de los esfuerzos de nuestra nación, por consolidar un verdadero Estado de Derecho, sino sobre todo, es un instrumento efectivo en el cumplimiento de la misión que le fue encomendada e íntimamente relacionado con la gente, trátese de víctimas de violaciones a sus derechos, o de personas dedicadas a la defensa y promoción de los mismos, jueces, abogados litigantes, docentes universitarios, estudiantes e investigadores de la justicia constitucional.
No otra cosa significa el hecho de haber emitido en siete años de labor jurisdiccional, hasta el 31 de mayo pasado,  14.010 sentencias, de las cuales más del 80% han sido recursos de amparo constitucional y hábeas corpus, directamente ligados a la defensa de los derechos fundamentales y que desde el 21 de febrero de 2003, en poco menos de tres años, las visitas a la Página Web suman 15 millones, con un promedio de 32.000 visitas por día, y en lo que va de este año 4 millones de visitas, que buscan a través de ese medio enriquecer sus conocimientos, conocer la jurisprudencia que día a día va construyendo el Tribunal a través de sus fallos, de la sistematización de las líneas jurisprudenciales relevantes, y de trabajos  académicos de contenido doctrinal, dando lugar en cada caso al comentario del visitante virtual, a sus opiniones, y sugerencias. También están los libros, las revistas, los folletos educativos, el Boletín Informativo trimestral y otros materiales difundidos con propósito pedagógico.
Esta gran actividad de difusión por supuesto no es todo, ni lo fundamental en el quehacer del Tribunal Constitucional, pero demuestra esa ligazón que ya mencionamos, con la ciudadanía y la participación de ésta, en un proceso de ida y vuelta, por la construcción de una conciencia constitucional en nuestro país; El Tribunal Constitucional puede enorgullecerse de haber logrado hasta hoy, con mucho esfuerzo, idoneidad y transparencia en su actuación, cumplir las atribuciones que le confieren la Constitución y su Ley,  contribuyendo de manera importante al fortalecimiento del Sistema Constitucional en diferentes escenarios de la vida nacional, tanto en el ámbito individual, restableciendo el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas en miles de casos, como en el ámbito público, dando directrices basadas en la Constitución, que han contribuido a resolver conflictos propios del ejercicio de la democracia, a llenar vacíos legales, limitar excesos en el ejercicio del poder político y  sanear el ordenamiento jurídico del país.
Con total objetividad, se puede afirmar que la justicia boliviana, ya no es la misma que existía antes de la creación del Tribunal Constitucional, junto a otras importantes medidas de reestructuración y modernización del sistema judicial que se ha dado en el país. No omitimos de este análisis las críticas subjetivas absolutamente inevitables y comprensibles a un órgano que imparte justicia, de quienes en algún momento, o recurso presentado, no encontraron en las sentencias las respuestas que esperaban sus pretensiones. Pero por otro lado están las muchas, muchísimas voces que, con objetividad e imparcialidad, reconocen el aporte del Tribunal y que hacen, también críticas constructivas que constituyen aportes para mejorar -porque toda obra humana es perfectible-.
En este momento con preocupación escuchamos expresiones, y aun amenazas -veladas algunas, francas otras- contra la existencia misma del Tribunal Constitucional, su independencia o la limitación de sus competencias y estructura que pretenden ser contempladas, paradójicamente, en la Asamblea Constituyente, cuando ésta, por el contrario, tendría que fortalecer y vigorizar este instrumento de la democracia, del Estado de Derecho y del orden constitucional.
En todo caso, será responsabilidad de la ciudadanía, de sus organizaciones, a través de sus representantes en la Asamblea Constituyente, la preservación del Tribunal Constitucional que, al margen de quienes temporalmente lo integran,  es un patrimonio del pueblo boliviano en su afán de convertir una democracia retórica en una democracia efectiva, demostrando ser un instrumento eficaz y eficiente para el resguardo de la Constitución.
Con estas palabras, reiterando mi agradecimiento a los señores y señoras expositores, a los asistentes que nos honran con su presencia y hacen posible este evento,  al Ilustre Colegio de Abogados de La Paz, al  personal voluntario, por su  esfuerzo en los aspectos de organización de este evento y al equipo del trabajo del Tribunal, declaro inaugurado el IX Seminario Internacional sobre Justicia Constitucional y Estado de Derecho del Tribunal Constitucional de Bolivia.

Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas, Presidenta del Tribunal Constitucional de Bolivia
La Paz, 7 de junio de 2006
Sección de Pedagogía Constitucional y Prensa

Tribunal Constitucional de Bolivia

Bibliografía
·        El Proceso Constituyente Boliviano – El Hito de la Cuarta Marcha de Tierras bajas – Carlos Romero Bonifaz.
·        El Proceso Constituyente en Bolivia – Reflexiones sobre la Reforma de la Constitución – José Antonio Rivera Santibáñez.
·        Cuaderno de Futuro 21- Informe sobre Desarrollo Humano – Rossana Barragán y José Luis Roca.